Administración, patronal (Aspel) y sindicatos (CCOO y UGT) analizan la contratación pública en el sector de la limpieza de locales y edificios

Sindicatos y empresas de limpieza confían en que la Ley de Contratos Públicos cubra los costes laborales y garantice los derechos de los trabajadores

  • Luchar contra la ‘dictadura del precio’ y evitar el uso de las subastas electrónicas son algunos de los puntos que la nueva normativa deberá garantizar
  • Los tribunales de contratación, a favor de mantener un precio de mercado suficiente para la ejecución de los servicios

 

Servimedia, 17 de julio de 2018

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y los sindicatos UGT y CCOO confían en que la nueva Ley de Contratos del Sector Público contribuya a cubrir los costes laborales y a garantizar los derechos sociales de los trabajadores en todos los procesos de licitación de las diferentes administraciones públicas.

Así lo expresaron durante su participación en un encuentro informativo celebrado este martes en Torre ILUNION, cuyo objetivo fue analizar la importancia que la nueva normativa tiene en un sector formado por más de 17.000 empresas que tienen contratados a más de 350.000 trabajadores y donde más de un tercio del volumen total de su negocio procede de los concursos de la Administración Pública.

El acto, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, contó con la intervención de la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez; el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Díez de los Ríos; la secretaria de Participación Institucional y Sostenibilidad de la Federación de Construcciones y Servicios de CCOO, Paloma Vázquez, y el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Miguel Ángel Cilleros.

El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, aportó los datos necesarios para obtener una imagen fija del sector de la limpieza de locales y edificios en España. Según dijo, se trata de “un sector muy atomizado en el que entre un 30% y un 40% del volumen total de su negocio procede de las  administraciones públicas y de sus licitaciones, con más de 60 convenios colectivos  y unos costes laborales que se acercan al 90%”.

En su opinión, la nueva ley ofrece las pautas necesarias para evitar que el precio se convierta en el único factor determinante a la hora de adjudicar un concurso. “El precio no puede ser el único valor que tenga una oferta. Tiene que haber una pluralidad de criterios. El cambio es positivo, pero tenemos que seguir luchándolo”, apuntó Díez de los Ríos.

VALOR ÓPTIMO VS PRECIO

En este sentido, el presidente de la patronal reiteró su deseo de que la Ley de Contratos del Sector Público permita mejores condiciones de licitación y matizó en qué consiste el ‘Valor Óptimo’, un concepto con el que se pretende enseñar y dar pautas, a partir de la directiva europea de contratación pública, “que no sean agresivas” y que permitan clasificar diversos elementos relativos a la calidad del servicio de limpieza, entre los que se incluyen las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas a sus trabajadores, para ponderarlos con el precio.

La presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, reconoció que la crisis ha afectado de forma directa a la bajada de los precios en las licitaciones, al tiempo que afirmó que “desde los tribunales siempre se intenta que haya un precio de mercado suficiente para la ejecución del servicio”.

“Los tribunales no hemos sido ajenos a la inclusión de cuestiones sociales y de tipo precio al sentar jurisprudencia”, afirmó Hernáez, al tiempo que insistió en que “el precio es un elemento central y determinante que la ley trata, al igual que los trabajadores son quienes más sufren su bajada, al ser el eslabón más débil dentro de la cadena”.

Asimismo, indicó que, desde el punto de vista jurídico, entre sus competencias se encuentra la de adoptar criterios técnicos, pero con “sensibilidad” hacia otras cuestiones.

Por su parte, la secretaria de Participación Institucional y Sostenibilidad de la Federación de Construcciones y Servicios de CCOO, Paloma Vázquez, manifestó sentirse expectante ante la nueva Ley de Contratos y describió el sector de la limpieza de locales y edificios como un sector feminizado, en el que el 80% lo desempeñan mujeres y se manifestó contundente ante el tema del precio. “La Administración tiene que rechazar las ofertas demasiado bajas”, zanjó. 

Para el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Miguel Ángel Cilleros, la nueva Ley debería servir para crear un marco en el que comprometer a empresas y a patronal y compartió el criterio con su homóloga de CCOO a la hora de sentirse expectante, además de “preocupado”, en lo relativo al papel que habrán de desempeñar los poderes adjudicadores a partir de ahora.

MÁS DE 60 CONVENIOS

Todos los participantes se mostraron de acuerdo en la necesidad de crear un único convenio estatal que sustituya a los más de 60 existentes. “Sería más positivo para patronal y trabajadores y ahorraría dinero”, manifestó Paloma Vázquez.

Igualmente, Miguel Ángel Cilleros manifestó que, para ello, “se necesita voluntad y que Gobierno, administraciones y partidos políticos ayuden hacia este tipo de legislación”. “La voluntad por la parte sindical es infinita”, indicó.

Asimismo, Elena Hernáez apostó por la existencia de un único convenio, “porque la dispersión normativa nunca es buena para la seguridad jurídica”.

SUBASTA ELECTRÓNICA

 El presidente de Aspel detalló las consecuencias del uso de la subasta electrónica como método para la adjudicación de algunos contratos de servicios. “Va contra la directiva de la UE y contraviene lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público”, dijo.

A su juicio, “la subasta electrónica tiene como principal objetivo obtener el menor precio posible y, en última instancia, provoca que se haya reducido drásticamente el número de aspirantes en gran parte de los concursos que la utilizan y que algunos concursos se queden desiertos”.

En este contexto, la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid manifestó su opinión contraria a aplicar este tipo de subastas en el sector servicios, incluido el de la limpieza; lo mismo que hicieron los representantes sindicales. “Utilizar este procedimiento en un sector con un 90% de mano de obra intensiva es como estar subastando personas”, declaró Miguel Ángel Cilleros, de UGT.

ECONOMÍA SUMERGIDA

Durante la jornada, se abordaron también las características de un mercado que, según datos de la Seguridad Social, está formado por más de 18.000 empresas, de las cuales, menos de 4.000 están activas. Un circunstancia que podría ser un síntoma de la presencia de economía sumergida.

Según el presidente de Aspel, “lo cierto es que cada año se crean varias empresas con uno o dos empleados pero sin movimientos en caja”. La interpretación de la representante de CCOO es que parecen empresas creadas ‘ad hoc’ “expresamente creadas para acudir a determinadas ofertas y que luego desaparecen”.

Sobre este tema, la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación de la CAM habló de las empresas intermediarias y de la dificultad que tiene para la Administración Pública detectar este tipo de situaciones y su lentitud a la hora de reaccionar. “La nueva Ley ha reforzado las cuestiones técnicas que una empresa tiene que demostrar a la hora de presentarse a una oferta”, añadió.

Para Elena Hernáez, falta rigor y profesionalidad tanto a la hora de hacer los pliegos de licitación como a la hora de acudir a licitar. “La nueva Ley da los mimbres para hacer un cesto magnífico y para ello es valiosísimo la colaboración entre la Administración, las empresas y los sindicatos”, concluyó.


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